La aplicación de la ley podría comprometer el voto de los católicos que apoyaron a Obama en 2008.
Una nueva medida que forma parte
de la reforma de salud pública promovida por el gobierno del presidente
Barack Obama generó una airada protesta de los obispos católicos en
Estados Unidos que alegaron que viola los principios de esa iglesia.
La legislación federal obliga a todos los
empleadores, incluyendo a las instituciones bajo administración de
organizaciones religiosas a ofrecer cobertura de salud que incluye la
distribución gratuita de anticonceptivos.
Mientras
que la jerarquía católica rechaza rotundamente la medida, muchas
mujeres católicas en EE.UU. practican métodos modernos de control de la
natalidad y una reciente encuesta muestra que una leve mayoría en la
comunidad católica apoya dicha ley.
Otros, por otra parte, aseguran que se trata de
una descarada afrenta a la Constitución que garantiza la libertad de
culto y que podría costarle caro a Obama en su campaña de reelección.
Un asesor del presidente ya salió a dar señales
de una concesión, diciendo que el gobierno está dispuesto a trabajar con
las instituciones católicas para implementar el reglamento sin
comprometer las enseñanzas de la iglesia.
Católicos y la anticoncepción
Los obispos católicos ordenaron la lectura de una denuncia contra la ley durante la misa.
La ley, conocida como Affordable Care Act
(Acta de cuidado de la salud asequible) requiere que los planes de
seguro de salud para los empleados se incluyan los servicios preventivos
sin costo adicional. Entre estos se incluye la planeación familiar y
distribución de métodos anticonceptivos como condones y píldoras.
La norma exime a los lugares de culto mas no a
sus instituciones afiliadas -universidades, hospitales y organismos
caritativos- administradas por la iglesia católica.
Según la Asociación Católica de la Salud (CHA,
por sus siglas en inglés), la secretaria de Servicios de Salud y
Servicios Humanos, Kathleen Sibelius, se basó en el criterio más
estrecho para definir quién quedaría eximido.
La presidenta y directora ejecutiva de la CHA,
Carol Keehan, que abogó por la reforma de la salud de Obama, manifestó
en un comunicado su desilusión y tildó el reglamento de un "desafío para
muchos grupos". Aseguró que estaría trabajando directamente con la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otros organismos
afines para resolver el asunto.
"Sabemos que en Estados Unidos el 98% de las mujeres católicas sexualmente activas han usado un anticonceptivo moderno durante sus vidas"
Jon O'Brien, Catholics for Choice
"Hay la necesidad para realizar una conversación
nacional efectiva sobre una protección apropiada de consciencia en
nuestro país pluralista, que siempre ha respetado el papel de las
religiones".
Los obispos no se hicieron esperar y enviaron
cartas a las diferentes parroquias, criticando la medida de Barack
Obama, para que fueran leídas durante la misa a los feligreses.
Jon O'Brien presidente de Catholics forChoice,
una organización que está en desacuerdo con los dictámenes del Vaticano
en cuanto a sexualidad, matrimonio y maternidad, dijo a BBC Mundo que
los obispos estaban armando un escándalo predicando a una mayoría que
acepta el uso de anticonceptivos.
"Sabemos que en Estados Unidos el 98% de las
mujeres católicas sexualmente activas han usado un anticonceptivo
moderno durante sus vidas", afirmó.
O'Brien acusó a los obispos de querer lo mejor
de dos mundos: "Quieren poder administrar sus instituciones y recibir el
dinero del contribuyente mientras que discriminan contra sus propios
empleados al negarles métodos para el control de la natalidad".
Primera enmienda
Pero hay quienes consideran que obligar a los
empleadores de organizaciones religiosas a distribuir anticonceptivos es
un asunto de magnitud legal que viola tanto las enseñanzas morales de
la iglesia como la libertad religiosa de los que están cubiertos bajo su
seguro de salud.
"Es un abuso abuso atroz de la primera enmienda
de nuestra constitución", expresó Kristine Kalanges, profesora de
Justicia, Ley y Sociedad de la Universidad Americana en Washington y
especializada en los conflictos de leyes, religión y política.
Esa primera enmienda garantiza la libertad de
culto para todos los ciudadanos y la doctora Kalanges considera que
extender exención de la ley a las instituciones afiliadas a la iglesia
católica protegería ese derecho al tiempo que no limitaría a las mujeres
tener acceso a anticonceptivos por otra vía.
"Si las católicas quieren usar anticonceptivos, como sabemos que lo hacen, es un asunto de su propia consciencia y pueden pagar por estos sin obligar a que las instituciones lo cubra"
Kristine Kalanges, Universidad Americana de Washington
"Si las católicas quieren usar anticonceptivos,
como sabemos que lo hacen, es un asunto de su propia consciencia y
pueden pagar por estos sin obligar a que las instituciones lo cubran",
explicó.
"El asunto no es lo que los católicos piensan,
sino lo que es constitucionalmente permisible y si es buena política
obligar a una institución religiosa a hacer algo a lo que moralmente se
opone".
La académica advirtió que la ley presentaba un tremendo conflicto para la iglesia católica.
Opinión dividida
Todos los empleadores, salvo los lugares de culto, están obligados a distribuir anticonceptivos gratis.
Una reciente encuesta realizada por el Instituto
Público de Investigación Religiosa (PRRI, por sus siglas en inglés),
una organización independiente en Washington que estudia la relación de
la religión, los valores y la política, muestra que una leve mayoría de
los católicos en EE.UU. apoyan la ley del gobierno.
"Hay una división entre lo que opina la
jerarquía de la iglesia y los feligreses rasos", manifestó Robert Jones,
director ejecutivo del PRRI, aunque señala que esa diferencia no es
inusual en círculos católicos.
"Hay una variedad de asuntos como los
matrimonios homosexuales que son rechazados por los obispos y que la
mayoría de católicos apoyan", afirmó a la BBC.
"Hay una variedad de asuntos como los matrimonios homosexuales que son rechazados por los obispos y que la mayoría de católicos apoyan"
Robert Jone, Instituto Público de Investigación Religiosa
El doctor Jones reconoce que los obispos
católicos consideran la ley como un serio problema, pero queda por ver
si el la situación se mantiene confinada a un enfrentamiento entre la
Conferencia de Obispos y el gobierno o si se extiende.
Algunos políticos ya están sacando partido del
conflicto. En un comunicado por redes sociales, el aspirante a la
candidatura presidencial republicana, Mitt Romney, acusó al presidente
Obama de querer "imponer una visión secular a los estadounidenses".
Kristine Kalanges de la Universidad Americana
coincide en que el gobierno "no ha sido el más amigable en términos de
libertad religiosa".
"El verdadero shock se lo llevan los
católicos que votaron por él en 2008 y que lo apoyaron por sus temas de
justicia social y su promesa de que no los forzaría a ir contra sus
principios", arguyó.
Concesión
Kalanges idica que el presidente ha otorgado una
extensión de un año a las organizaciones religiosas para encontrar la
manera de incluir la distribución de anticonceptivos dentro de la
cobertura de sus asegurados con el propósito de prolongar el debate
hasta después de las elecciones generales y para que el tema no
perjudique sus planes de reelección.
Pero el gobierno ya está tomando medidas para
calmar los ánimos. El principal asesor de la campaña de Obama, David
Axelrod, dijo a una cadena de televisión estadounidense que había campo
para hacer concesiones.
"Bajo el pretexto de la libertad de culto quieren tener el derecho de discriminar contra las mujeres, contra los empleados homosexuales, contra los afectados con VIH y no adherirse a las mismas reglas que los demá"
Jon O'Brien, Catholics for Choice
"Queremos garantizar el cuidado básico
preventivo para las mujeres y respetar al mismo tiempo las prerrogativas
de las instituciones religiosas", comentó a la cadena MSNBC.
Kristine Kalanges explica que ya hay un modelo
implementado con éxito a nivel estatal para programas similares con un
criterio más amplio que eximiría a las instituciones religiosas de
ofrecer el plan anticonceptivo.
Pero Jon O'Brien de Catholics for Choice considera que esa concesión sería un grave error y sería la punta del iceberg en una larga lista concesiones.
"Bajo el pretexto de la libertad de culto
quieren tener el derecho de discriminar contra las mujeres, contra los
empleados homosexuales, contra los afectados con VIH y no adherirse a
las mismas reglas que los demás", subrayó.
La ley entra en efecto en agosto de 2012 para la
mayoría de empleadores, pero las instituciones religiosas pueden
solicitar una extensión de un año.
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