El
caso de Mónica y Cristina muestra la situación que viven muchas parejas
homosexuales donde uno de los cónyuges es ilegal en Estados Unidos.
Mónica A. vuelve a pasear con
tranquilidad por el barrio de Queens, en Nueva York, desde que un juez
decidió hace unos días cerrar su expediente de deportación. El juez
valoró positivamente el hecho de que la mujer de 36 años y de
nacionalidad argentina tuviera "familia" y "lazos estrechos" en Estados
Unidos.
El lazo estrecho de Mónica en Queens es su
esposa Cristina O., una ciudadana de Estados Unidos con la que se casó
en Connecticut en el 2010. Y aunque las dos mujeres han celebrado la
decisión judicial se preguntan por qué Mónica no puede tener los mismos
derechos que las mujeres extranjeras casadas con hombres
estadounidenses.
Se trata de la primera vez que un
juez reconoce "los lazos estrechos" de una lesbiana casada con una
estadounidense y abre una vía para que todos los homosexuales en la
misma situación puedan permanecer en el país. Sin embargo, sigue sin
otorgarles los mismos derechos que tienen los matrimonios
heterosexuales.
Los matrimonios entre personas del mismo sexo
son reconocidos por los estados de Connecticut, Iowa, Massachusetts, New
Hampshire, New York,y Vermont, y por el distrito de Washington pero no
por las autoridades federales y por los agentes de inmigración.
"Mónica no será deportada y ahora puede empezar
una nueva vida junto a Cristina, pero sigue sin tener permiso de
residencia", explica a BBC Mundo su abogado, Lavi Soloway.
"Personas como Mónica quedan en un limbo legal ya que no serán deportadas pero tampoco tendrán permiso de residencia y de trabajo"
Erwin de León, experto en inmigración
Mónica llegó a Estados Unidos hace diez años,
con un visado de turista y nunca más regresó a Argentina. "Es una mujer
muy creativa y con mucho talento, con más vínculos en Estados Unidos que
en su país de origen, pero que no tiene posibilidad de solicitar un
visado o el permiso de residencia".
Durante una década Mónica vivió y trabajó en el
país como restauradora de muebles sin poder legalizar su situación pero
sin que nadie le pidiera papeles. En junio de 2009 ella y Cristina, una
trabajadora social, habían alquilado una casa en Queens y estaban
trasladando ropa y libros de la ciudad de Buffalo, al norte del estado
de Nueva York, a Queens cuando una patrulla de frontera paró el autobús
en el que viajaban y pidió la documentación a todos los viajeros.
Cada estado con sus propias reglas
"Mónica pasó tres meses en un centro de
detención de Nueva Jersey y Cristina la visitaba por las tardes y se
sentía impotente porque aunque es una ciudadana de Estados Unidos no
podía hacer nada para ayudarla", indica su abogado.
Explica que la decisión de revisar expedientes
de deportación como el de Mónica y cerrar aquellos que no sean
"prioritarios" viene motivada por el volumen de casos que están abiertos
en estos momentos: 300.000. "De hecho se calcula que en Estados Unidos
viven 12 millones de personas con riesgo de ser deportadas, algunas
casadas con ciudadanos estadounidenses o con hijos menores de edad que
son ciudadanos estadounidenses".
La administración aprobó un memorando el 17 de
junio que agiliza la deportación de inmigrantes sin papeles que han
cometido delitos en Estados Unidos y apuesta por cerrar los expedientes
de aquellos que siempre han respetado la ley y están integrados en el
país.
"Me alegro mucho por Mónica y Cristina pero
cerrar los expedientes de deportación de los gays y lesbianas casados
con ciudadanos de Estados Unidos no resuelve su situación", indica Erwin
de León, un experto en temas de inmigración y políticas públicas.
Los expertos en inmigración consideran necesario una reforma de la Ley de Defensa del Matrimonio.
"Personas como Mónica quedan en un limbo legal
ya que no serán deportadas pero tampoco tendrán permiso de residencia y
de trabajo, y seguirán teniendo muchos obstáculos para llevar a cabo
trámites cotidianos".
De León nació en Filipinas y está casado con un
estadounidense, y defiende la reformulación de la Ley de Defensa del
Matrimonio (DOMA), una ley federal que define el matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer. Esta ley permite que el resto de
estados del país no reconozcan los matrimonios entre personas del mismo
sexo celebrados en estados donde los homosexuales sí pueden casarse.
"La decisión de deportar o no deportar queda en
manos de la arbitrariedad de los agentes de Inmigración y de los jueces,
y de las opiniones que tengan sobre las parejas del mismo sexo", afirma
de León.
El abogado de Cristina y Mónica opina lo mismo:
"Defiende un caso similar al de Mónica pero en otro estado menos abierto
que Nueva York y no sé si el juez será comprensivo con una situación de
dos personas del mismo sexo y de dos nacionalidades distintas".
Evitar arbitrariedades
Gillian M. Christensen, portavoz de la Oficina
de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, asegura que para evitar
decisiones judiciales arbitrarias la administración está organizando
cursos de formación en todos los estados del país.
"La administración tiene el compromiso de
priorizar los recursos y centrarse en inmigrantes sin papeles que hayan
cometido crímenes o supongan un riesgo para la seguridad pública",
indica.
El nuevo memorando incluye una lista de factores
que se tienen en cuenta al cerrar el expediente de deportación, como
"los lazos estrechos" con la comunidad, la edad, el hecho de tener un
familiar enfermo o con alguna discapacidad, y el hecho de estar casado
con un ciudadano estadounidense.
"La lista no hace referencia expresa a los
matrimonios entre personas del mismo sexo, en un inicio se habló de la
posibilidad de incluirlos", lamenta de León. "Aún nos queda un largo
camino por recorrer".
