Estados Unidos denunció ayer el mal trato que en República Dominicana se da a los inmigrantes haitianos y la negación de los derechos de sus descendientes nacidos en el país. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo Washington también destacó además la corrupción de la policía dominicana y sus prácticas, desde asesinatos a casos de tortura, además de la discriminación y violencia contra las mujeres.Concretamente, las fuerzas de seguridad estuvieron “implicadas en muchos asesinatos injustificados y fuera de la ley”, y “en excesos en el uso de la fuerza”, aunque se registró un centenar de muertes de este tipo menos que el año anterior, al pasar de 455 a 346 personas.
Además, aunque algunos observadores coinciden en la “mejora de las condiciones de entrenamiento profesional” de los agentes, continúa el “abuso físico de detenidos”, sobre todo, mediante palizas.
Otras violaciones a los Derechos Humanos son las condiciones inhumanas y de violencia que se viven en las prisiones, donde, pese a la creación de más cárceles, siguen saturadas.
Las violaciones sexuales fueron otro “problema serio y extenso”, pero sin documentar, igual que la violencia doméstica que entre enero y mayo supuso la muerte de 41 mujeres.
Tampoco hay políticas para frenar la “evidente” discriminación racial, que el Gobierno niega, tal y como hace con la que existe contra inmigrantes haitianos y sus descendientes.
En este sentido, destaca la negación de los derechos de los “sin estado”, hijos de inmigrantes haitianos que nacieron en la República Dominicana y que no pueden acceder a la nacionalidad porque sus padres, descendientes de sin papeles, tampoco pueden cumplir los requisitos para solicitarla. Sobre Haití, considera que la corrupción se extiende, pero no sólo entre las fuerzas de seguridad, sino también en las instituciones judiciales y políticas. El informe resalta el “fracaso” para mantener a tiempo elecciones parlamentarias, los asesinatos y los secuestros en los que los agentes de la policía haitiana están implicados, las prisiones saturadas y sus “pobres” condiciones sanitarias.
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