El Gobierno español aprobó hoy por decreto ley la reforma del mercado laboral que rechazan los sindicatos, que han convocado en su contra la primera huelga general del actual gobierno socialista.La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, anunció la aprobación de la reforma "buena, ambiciosa y de calado", que dijo busca "reducir la temporalidad excesiva" en el empleo y una mayor estabilidad y flexibilidad que redunde en un aumento de la productividad.
De la Vega reconoció que se aprueba sin el acuerdo de la patronal y de los sindicatos, y afirmó que con ella se busca "atajar algunos de los problemas más acuciantes" que vive España.
La reforma entrará en vigor mañana jueves tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley, lo que permitirá que se puedan incluir enmiendas de los grupos políticos.
El ministro de Trabajo, Ceslestino Corbacho, explicó que se trata de "una reforma estructural", con la que se pretende "cambiar la cultura, que cuando hay problemas no empecemos ajustando la plantilla, sino ajustando la producción".
Entre las novedades que incluye el texto aprobado está que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos.
Además, para recurrir a un despido "objetivo" las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas.
Los sindicatos mayoritarios españoles, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) convocaron este martes una huelga general para el 29 de septiembre contra la reforma laboral aprobada hoy.
Los dirigentes sindicales rechazan la reforma porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo.
En España la crisis económica y el derrumbe del sector inmobiliario se ha traducido en una gran perdida de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo del 20 por ciento, según las últimas cifras oficiales.
La reforma laboral era reclamada insistentemente por la patronal empresarial y por algunos organismos internacionales que ven demasiado rígido el mercado laboral español.
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