Más allá del espectáculo Sobeida, a los dominicanos les vendría bien que las autoridades nacionales muestren más reciedumbre en la persecución del crimen organizado, después que se ha sugerido que el narcotráfico ha montado reales en las instituciones de control y persecución. No son ya los recurrentes y simples “uniformados” envueltos en la cotidianidad de los atracos o los tumbes de drogas, sino la sugerente vinculación de elementos poderosos en las redes de narcotráfico.
El dato divulgado el viernes por El Nacional, de que 22 oficiales superiores forman parte de un paquete de 37 miembros de instituciones armadas detenidos, de ellos cuatro oficiales por sus supuestas relaciones con José Figueroa Agosto, dan apenas la idea de la dimensión de la penetración del crimen en las organizaciones llamadas a combatirlo.
Las informaciones son muy diversas, y van desde “relaciones” o amistad de oficiales superiores con criminales, como el singular caso revelado por el semanario Clave el pasado jueves, en el que se señala la cercanía del jefe de la Policía, general Guillermo Guzmán Fermín, con Arturo del Tiempo Marqués, hasta versiones no sustentadas en datos creíbles pero preocupantes, que sugieren demasiado como para que el Estado dominicano o su principal responsable se den por enterados.
Sería prolija la enumeración de hechos escandalosos, como el desmantelamiento de la dotación policial de Puerto Plata a inicios de año, por la asociación de la mayoría de sus miembros con criminales, las destituciones de agentes de la Dirección de Control de Drogas en Samaná, en San José de Ocoa, en Boca Chica o la misma Puerto Plata, o el escándalo de la Marina de Guerra, donde oficiales importantes, cercanos al entorno de la Jefatura de ese cuerpo, quedaron envueltos en la matanza de Paya. Todo eso sería más que suficiente para que el poder político gobernante entienda que las acciones del Estado tienen que ir más allá de la advertencia de que en el caso de Figueroa Agosto, por ejemplo, “no habrá vacas sagradas”.
El problema es que la población percibe que hay vacas sagradas a las cuales no se termina de llegar. Se trata de una cuestión de seguridad del Estado y de la Nación. De defensa del país frente al crimen global que nadie sabe qué detiene al poder político para atacar las raíces.
A otros países la penetración del crimen en sus instituciones les ha salido muy cara y la padecen desde quienes dirigen la represión, los funcionarios del Estado, que auspician las políticas públicas contra la criminalidad y la población civil, incluidos actores sociales víctimas de la violencia cada vez más generalizada. La historia de Colombia es bastante gráfica y lo que ocurre en México es tremendamente desgarrador.
Todavía República Dominicana ¿está a tiempo? para cortar de raíz la penetración de sus instituciones y más que discursos útiles hasta cierto punto, se requiere de voluntad, tan fuerte como capaz de declarar la guerra total al crimen, una guerra que conlleve una profilaxis verdadera en la propia casa.
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