Mucho se ha discutido en días recientes sobre si el gobierno debe de quedarse como dueño único de la refinería, o vender entre el 49% y el 51% de sus acciones al sector privado, nacional o extranjero.
Eso no se puede responder adecuadamente sin antes hacernos la pregunta previa sobre la razón de ser de una refinería y las ventajas que supuestamente nos ofrece.
Su justificación económica en un país que no produce petróleo se basa en que el costo, en divisas, del crudo importado es menor que el costo de importar los productos que refina (gasolina, diesel, gas oil, gas propano, etc.) logrando los dominicanos, consecuentemente, un ahorro en divisas. El fisco, por su lado, no se perjudica, al pagar los productos que destila la refinería los mismos impuestos que esos mismos productos tributan si son importados, ya destilados, por competidores de la refinería. Finalmente, el consumidor se beneficia al pagar un precio menor que refleja la diferencia entre el precio del crudo, más su costo de procesamiento y el de productos refinados importados.
La refinería fue negociada durante el primer gobierno del Dr. Joaquín Balaguer (1966-1972). El aspecto principal de esa negociación tuvo que ver con la llamada “Comisión de Terminal”, es decir lo que podría agregar la refinería al precio del crudo que importa para determinar sus precios de venta. Eso impidió que la refinería obtuviese beneficios excesivos y, en ocasiones, hasta sufrió pérdidas, pues dadas ciertas condiciones temporales en el mercado, a veces el precio de los refinados era más bajo que el del crudo. El monto de esa comisión apareció en el contrato, por lo que el mismo sólo podía modificarse con sanción congresual. Hoy día esa comisión la determina la Secretaría (perdón, el Ministerio) de Industria y Comercio.
Una segunda justificación es que con una refinería de petróleo se pueden mantener inventarios estratégicos muy útiles en caso de escasez, aunque eso también se logra sin una refinería, simplemente con una buena cantidad de tanques de almacenaje de productos destilados importados. Poder reexportar productos refinados no es un buen argumento para justificar una refinería, ya que eso se logra también importando destilados y almacenándolos temporalmente.
En base a los criterios anteriores es que se puede determinar la conveniencia o no de mantener a la refinería como una empresa estatal. La experiencia de los últimos 40 años evidencia que la refinería no pudo expandir su capacidad de destilación debido a que tanto la Shell como el Estado tenían que aportar los recursos para esta expansión en partes iguales, para mantener la proporción 50%-50% en el capital, y el Estado, siempre necesitado de recursos fiscales, prefería recibir un máximo de dividendos en efectivo. La consecuencia ha sido que desde hace tiempo la refinería importa más destilados que el crudo que procesa. El gobierno de Venezuela tiene mucha dificultad en enviarnos productos destilados, más no el crudo, por lo que para aprovechar al máximo el financiamiento de Petrocaribe conviene expandir la refinería y eso sólo se logra bajo administración privada. Bajo el Estado la refinería fía mucho a la CDEEE por lo que, aunque gana mucho, no tiene liquidez.
Pero una participación accionaria mayoritaria del sector privado se justifica siempre y cuando se cumplan cada una de las siguientes tres condiciones:
1. Que el accionista privado no pueda también ser suplidor de crudo, o de destilados, ya que lo esencial es la celebración de concursos abiertos, comprándosele al que cotice más barato. Eso no se lograría si el socio mayoritario es también un importante suplidor.
2. Que el accionista privado no pueda ser alguien que ya importa en el país productos destilados, pues podría crearse una situación de monopolio, al impedirse la competencia interna de precios.
3. Que se mantenga la legislación actual bajo la cual cualquier empresa puede importar productos destilados, a través de su propia terminal, para que así la refinería enfrente competencia. Eso es lo que ciertos elementos dentro de nuestro gobierno no quieren, pues buscan crear un monopolio estatal que genere muchos beneficios al fisco, a expensas, precisamente, del consumidor.
