Caracas, 05 Agos.- El mandatario saliente Álvaro Uribe dejará a su sucesor un país en guerra, con el más alto desempleo del continente latinoamericano, más de 4 millones de desplazados, menos soberano debido a la instalación de siete bases militares estadounidenses sin haber sido aprobadas por el Congreso colombiano, escándalos de parapolítica en distintos niveles del Estado, miles de "falsos positivos" detectados en fosas comunes y labores de espionaje, por parte del gobierno, contra magistrados y políticos de oposición, también forman parte de esa herencia del mandatario saliente.
A tan sólo dos días de la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, el mandatario saliente Álvaro Uribe, le dejará a su sucesor un país en guerra, con el más alto desempleo del continente latinoamericano, más de 4 millones de desplazados, y menos soberano.
La instalación de siete bases militares estadounidenses sin haber sido aprobadas por el Congreso colombiano, escándalos de parapolítica en distintos niveles del Estado, miles de "falsos positivos" detectados en fosas comunes y labores de espionaje por parte del gobierno contra magistrados y políticos de oposición, también forman parte de la herencia de Uribe, quien tras ocho años de gobierno ha dejado un país plagado de conflictos.
La pobreza es otro factor incidente en los colombianos, la misma se ha incrementado progresivamente.
De acuerdo con datos oficiales de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep), en Colombia más del 46% de la personas vive en condiciones de pobreza y el 17% está en la calle, es decir, 20.5 millones de colombianos son pobres y 7.9, indigentes.
Asimismo, el 80%de los habitantes de esas zonas son pobres y el 46% están en condición de indigencia, lo que para el ex ministro colombiano Juan Camilo Restrepo refleja que “la brecha de pobreza entre lo urbano y lo rural sigue ampliándose”.
Además, la especulación económica es otro aspecto preocupante para los neogranadinos, pues a pesar de que la economía tuvo -entre 2005 y 2007- un crecimiento promedio de 5,6%, el director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional y miembro del Mesep, Jorge Iván González afirma que la distribución de los ingresos sigue siendo desigual y la política gubernamental no ha hecho nada para reducir la concentración de la riqueza, que sigue estando en manos de unos pocos.
A su vez, el presidente de la organización Viva la Ciudadanía, Pedro Santana, asegura que la desigualdad en Colombia ubica a ese país como “uno de los diez más inequitativos del mundo, y después de Haití, el más inequitativo de América Latina”.
Por su parte, el periodista Eduardo Sarmiento, indicó, a través de un artículo publicado en El Espectador en el mes de abril, que en el desempleo se ha mantenido por encima del sector productivo.
“La productividad del capital y el trabajo descendió, las exportaciones aumentaron menos que las importaciones, la inversión fluctuó alrededor de 20% del PIB, el desempleo se mantuvo por encima de 12% y el sector productivo se desformalizó”, aseguró Sarmiento.
En el 2009 al menos 300 mil colombianos quedaron sin trabajo y el número de ocupados se redujo en 85 mil, y en junio de 2010 la tasa de desempleo de 11,6%, superior en 0,2 puntos porcentuales con relación al mismo mes de este año, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).
El director del Dane, Héctor Maldonado, indicó que en el sexto mes del año 2 millones 519 mil colombianos estaban sin empleo, 149 mil más que en los últimos 12 meses.
Entre tanto, el empleo informal siguió aumentando al pasar de 28,2% en junio de 2009 al 32,7% en 2010, reportó el portal informativo aporrea.org.
Las ciudades con la más alta tasa de desempleo son Pereira, Armenia y Popayán, mientras que las que registran el menor índice de desocupación son Sincelejo, Santa Marta y Barranquilla.
En cuanto a la injerencia de Estados Unidos, en el 2009 Bogotá y Washington firmaron el convenio que permitió la instalación de bases militares, compuestas por militares aéreos, terrestres y marítimos, lo cual ha sido considerado como una entrega a una potencia extranjera de la soberanía de Colombia y una amenaza para el resto de las naciones de la región.
El incremento de droga pese al Plan Colombia, también se suma a los activos que dejará la administración uribista al próximo huésped de Nariño.
EEUU sigue siendo el principal consumidor de narcóticos pese a la cooperación estadounidense que ha destinado alrededor de 6 millones de dólares al Plan Colombia para la supuesta lucha contra el tráfico de drogas y la actividad insurgente en ese país.
Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) demostró que a diez años del Plan Colombia, el país optimizó sus cultivos y produce más kilogramos de cocaína por hectárea que en 1999.
Por otro lado, el tema de los 4 millones de desplazados, tras el conflicto interno en Colombia es un aspecto que preocupa a toda la comunidad internacional.
De acuerdo con despachos de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), la senadora colombiana Piedad Córdoba, durante su visita a Costa Rica en junio pasado, abogó por una salida política a la violencia armada en su país.
“Nosotros tenemos 4 millones 500 desplazados, la población de Costa Rica. Hubo un incremento en seis meses de 200 mil personas más desplazadas”, sostuvo la legisladora liberal.
En este sentido, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), aseguró que Colombia es uno de los países que más desarraigados tiene en el mundo.
Los resultados de la política de guerra uribista.
Uribe dejará varios escándalos, ligados a la parapolítica, durante su Gobierno, pues 59 congresistas electos resultaron implicados en este proceso.
Muy ligado a ello está el tema de la guerra y de la fuerza opositora organizada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que hasta el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) fueron consideradas por las autoridades colombianas como fuerzas beligerantes ipso facto al sostener diálogos y acuerdos con ellas.
La política de "seguridad democrática" implementada por Alvaro Uribe Vélez, quien en 1991 fue fichado por la CIA como un político con lazos de amistad con los capos de la droga, prolongó la guerra debido a que la solución al conflicto fue armado fue la intensificación de las acciones violentas y la represión, entre lo que se destacaron los resultados de "falsos positivos".
Los falsos positivos también perjudicaron los últimos años del mandato de Uribe Vélez.
Según un informe de la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, serían al menos 1.122 las ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las autoridades. Más de 400 militares y policías son investigados, reportó Granma.
La senadora Córdova, en la ultima gira de trabajo por Europa, manifestó que los llamados "falsos positivos" podrían llegar a los 5 mil.
En la actualidad, la Fiscalía General de Colombia investiga casi mil 900 asesinatos de civiles, ajenos al conflicto armado, quienes fueron interceptados, secuestrados y ejecutados por miembros del ejército, consecuencia de una política del Ministerio de Defensa de ese país, implementada desde noviembre de 2005, de acuerdo a un trabajo publicado en El Nuevo Herald.
El texto señala que la política del gobierno de Uribe se prestó para matar civiles inocentes a fin de cobrar las recompensas, presentándolos como guerrilleros muertos en combate, dice el texto de El Nuevo Herald.
Sin embargo, Uribe ha defendido la política de entrega de recompensas. De hecho, premió con el cargo de embajador en República Dominicana al comandante del ejército, general Mario Montoya, señalado por activistas de derechos humanos como el promotor de una política de ‘conteo de cadáveres” que generalizó en las Fuerzas Armadas la necesidad de mostrar resultados basándose excesivamente en las estadísticas de bajas del enemigo.
Recientemente, un órgano de la ONU se pronunció sobre ello exigiendo al gobierno de Colombia abandonar la práctica de la promoción militar a costa de la vida de otros seres humanos.
El pasado 22 de julio el gobierno de Uribe solicitó la convocatoria de la OEA con el fin de lanzar acusaciones infundadas contra Venezuela sobre la supuesta presencia de guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, sin embargo, mientras se realizaba dicha cita, en una audiencia pública una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos comprobaron la existencia de la mayor fosa común de Latinoamérica en Colombia, al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el pueblo de la Macarena.
En dicho pueblo, se encontraron aproximadamente 2.000 cadáveres no identificados enterrados en la fosa común, y se sospecha que como ella existan varias en el país.
Para Azalea Robles, conocido crítico latinoamericano, al referirse a la fosa encontrada, nos dice que la “amplitud deja claro que la macabra práctica de desaparición forzada ejercida por el ejército y su brazo paramilitar es aún más horrenda de lo que ya conocemos. Sin duda el carácter genocida del gobierno colombiano exige una movilización de solidaridad urgente, para que los criminales agentes del Estado y de las corporaciones internacionales, que financian este tipo de operaciones, paguen por estos crímenes de lesa humanidad”.
A 8 años de gestión de Uribe, persisten desigualdades, corrupciones, pobrezas, impunidades, la guerra en vasto territorio del Estado colombiano y evidentes expresiones de aislamiento en la región.
Al pueblo colombiano sólo le queda esperar a que quien ocupe el lugar que tiene ahora Uribe realice profundas transformaciones en las estructuras de ese país que permitan eliminar la violencia y lleve mayor suma de felicida
d a los colombianos.
