La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes, informó hoy una fuente de ese órgano.
En la opinión que enviará esta semana al Congreso Nacional, que el 2 de diciembre debatirá si se restituye o no a Zelaya en la Presidencia, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras.
Una fuente de la CSJ explicó a Efe que la opinión que se enviará al Parlamento, y que ratifica la emitida en agosto, fue aprobada anoche por 14 de los 15 magistrados, pero no precisó quién votó en contra ni el porqué.
El tribunal supremo indicó en agosto, en relación al regreso de Zelaya al poder, que "existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General de la República", por lo que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
Zelaya tiene una orden de captura por varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.
Según el régimen de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de ese mandato judicial derivado del proceso incoado por el Ministerio Público contra él por promover la consulta, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.
Ya derrocado Zelaya, un tribunal de justicia le libró otra orden de captura, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.
Con la opinión de la CSJ, el Congreso Nacional contará ya con las cuatro que solicitó a sendos órganos del Estado para fundamentar su debate, aunque ha aclarado que estos informes no son vinculantes y que la decisión sobre Zelaya sólo dependerá de los diputados.
Ya entregaron sus opiniones el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
El derrocado mandatario permanece desde el 21 de septiembre pasado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa tras volver al país clandestinamente.
El próximo domingo en Honduras se celebrarán elecciones para elegir al próximo presidente del país, pero la mayoría de países han anunciado que no reconocerán su validez a menos que se celebren con Zelaya de nuevo en la Presidencia.
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