El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, denunció que hay una diferencia de 300 mil votos en las actas de los niveles congresuales y municipales que están siendo evaluada por técnicos y abogados de ese partido y que a partir de ahí determinarán si solicitan a la Junta Central Electoral (JCE) una revisión o anulación de las provincias donde se determinen irregularidades.
Miguel Vargas ofreció una rueda de prensa junto a la dirigencia de ese partido, donde destacó que el PRD ha avanzado en estas elecciones, ya que en el nivel municipal obtuvieron siete alcaldías más que en el año 2006 y 10 legisladores más que en ese período.
Dijo que este será el Senado más ilegítimo en la historia política de la República Dominicana, porque el Gobierno gastó en cuatro meses y en medio de las elecciones 144 mil millones de pesos, el doble de lo gastado en el mismo período del año 2006.
“Más de la mitad de las senadurías obtenidas el PLD se las robó al pueblo dominicano, usando el dinero que el mismo pueblo paga en forma de impuesto”, enfatizó.
Sostuvo que el uso de los recursos del Estado y la compra de cédulas fue parte de los obstáculos que tuvo que enfrentar el PRD en esos comicios.
“Estamos apoderando al departamento legal de nuestro partido, para accionar en justicia, tanto en las violaciones electorales como en las violaciones penales, en todos aquellos casos comprobados de uso de los recursos del Estado para beneficiar a los candidatos del PLD”, señaló.
Vargas mantuvo su slogan de avanzar en el 2010 y ganar en el 2012, al detallar que de 68 legisladores pasaron a tener 78, para un avance de un 15 por ciento y que en el nivel de alcaldía, de 52 pasaron a ganar 59, para un incremento de un 14 por ciento, incluyendo varias de las principales ciudades como Santiago, San Cristóbal, Monte Cristi, Hato Mayor, entre otras.
Al preguntarle si aceptaría la petición hecha por algunos sectores para que renuncie, respondió que en estas elecciones el PRD avanzó y que se siente orgulloso del esfuerzo que hicieron los candidatos para enfrentar el uso de los recursos el Estado en la campaña.
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