Con el problema de la corrupción
pública dominando la agenda política, Brasil enfrenta el desafío de
evitar el desvío de los fondos destinados a organizar el Mundial de
Fútbol 2014.
En las últimas semanas han surgido reportes de
posibles irregularidades en la preparación del evento deportivo y hasta
el régimen de contratación de obras sancionado por el gobierno es motivo
de polémica.
El procurador general de la
República, Roberto Gurgel, anunció una posible demanda por
inconstitucionalidad contra ese régimen, que flexibiliza el método de
licitaciones para el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, pero
que a su entender dificulta la "transparencia".
"La Copa del Mundo se realizará con un gasto
extremamente sustancial, elevado, de recursos públicos, y es preciso
cuidar que esos recursos estén rigurosamente de acuerdo con (…) la
Constitución y las leyes", dijo Gurgel en declaraciones citadas este
miércoles por el diario Folha de Sao Paulo.
Según expertos, la posibilidad de que se usen
indebidamente fondos de la organización del Mundial es grande, no sólo
por la cantidad de dinero en juego sino también por la confusión entre
las competencias públicas y privadas.
"Hay un alto riesgo de desvíos", dijo Claudio
Abramo, director ejecutivo de la organización no gubernamental
Transparencia Brasil. "Este asunto es una selva", definió en diálogo con
BBC Mundo.
El problema de la prisa
El cronograma de obras en estadios e
infraestructura para la Copa del Mundo 2014 ha sido motivo de roces
entre el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y la FIFA, que ha
advertido públicamente sobre retrasos.
La presidenta Dilma Rousseff ha tenido que sacar varios ministros por escándalos de corrupción.
Sin embargo, la propia Rousseff declaró la
semana pasada que nueve de los 12 estadios que Brasil construye o
moderniza para el evento estarán terminados en diciembre de 2012.
Según Abramo, uno de los problemas que se
presentan es precisamente la prisa con la que debe hacerse todo, lo que a
su juicio es un caldo de cultivo para que haya "contratos
direccionados".
La lucha general contra la corrupción se ha
vuelto un tema delicado para Rousseff, que en las últimas semanas irritó
a varios aliados al aceptar o pedir la renuncia de miembros de su
gobierno que están bajo sospecha de actos indebidos.
El modelo de contrataciones aprobado por el
Congreso y sancionado en agosto por el Ejecutivo brasileño para el
Mundial de 2014 y los Olímpicos de 2016 permite que los gobiernos
federal, estatales y municipales dejen de divulgar los presupuestos
antes de las obras a licitarse, para ganar agilidad.
Pero miembros del Tribunal de Cuentas brasileño
habían indicado al Congreso que ese sistema podría dejar espacios para
adjudicaciones arbitrarias de obras.
El presidente del Tribunal, Benjamin Zymler,
admitió esta semana que sus funcionarios pueden fiscalizar "sólo
algunas" obras de forma preventiva, aunque sostuvo que el nuevo
mecanismo puede dar eficiencia y rapidez a las licitaciones.
¿Cómo controlar?
El sistema de contrataciones de obras para los
dos grandes eventos deportivos en Brasil está aún sin estrenar, pero
algunos programas dedicados a la preparación del Mundial ya están bajo
la lupa.
Uno de ellos es un esquema de capacitación de
personal de servicios a cargo del ministerio brasileño de Turismo, con
una inversión prevista equivalente a unos155 millones para 230.000
participantes.
Una manifestación anticorrupción en Brasilia el 7 de septiembre, Día de la Independencia.
A fines de agosto, el Tribunal de Cuentas
decidió auditar los contratos ya asignados por Turismo en ese programa,
ante indicios de irregularidades, elección de empresas sin experiencia,
entrenamientos inconclusos y falta de herramientas para medir
resultados.
"Esa falla en los procesos puede culminar en un
desperdicio o en una malversación de recursos, con aplicación de cifras
considerables en acciones de baja o ninguna eficacia", advirtió Valmir
Campelo, ministro del Tribunal.
En julio, la Policía Federal brasileña inició
cuatro investigaciones de posibles irregularidades en la construcción de
un aeropuerto en Natal, ciudad del noreste de Brasil, considerada
esencial para los transportes durante la Copa del Mundo.
La investigación busca determinar si hubo trabajos realizados por el Ejército pero que fueron pagados a una empresa privada.
Claudio Abramo, de Transparencia Brasil, negó
que hasta ahora existan pruebas de corrupción en la organización del
Mundial de fútbol, pero dijo que hay costos que "parecen muy elevados" y
"mucha información sobre direccionamiento de contratos".
El experto sostuvo que hacer una evaluación
precisa de costos y resultados es "prácticamente imposible" en la etapa
actual y admitió que su propia organización tiene dificultades para
saber cómo monitorear el uso de fondos.
"Es un reto y la forma de abordarlo no está clara", comentó.
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