Unos 30 oficiales de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos con capacidad para autorizar el uso de lanchas de la Marina de Guerra en la escolta y protección de aviones y lanchas que transportaban drogas hacia el país, tomaron parte activa en una estructura de apoyo al narcotráfico que ha sido parcialmente desmantelada, de acuerdo con investigaciones que de manera conjunta realizaron autoridades norteamericanas y dominicanas desde el 2007.
La Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana, montaron inclusive una estratagema en la que se usó un avión militar norteamericano, camuflado, para transportar una carga ficticia de drogas de 500 kilogramos de cocaína, a fin de detectar los niveles de complicidad de esos oficiales con un grueso despacho de drogas desde Colombia.
Los investigadores de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF), compuesta por agentes de estas cuatro instituciones, determinaron que el ex teniente de navío Carlos Rossó Peña y el ex capitán de corbeta Miguel Suárez Silfa, junto a más de una veintena de oficiales cuyas identidades no se revelan, proveían barcos de la Marina de Guerra para escoltar lanchas pequeñas que traían drogas desde Colombia, y al mismo tiempo proporcionaban información de inteligencia, ultraconfidencial, a los narcos colombianos para indicarles cuándo traer o no las drogas al país.
Los norteamericanos penetraron uno de sus agentes encubiertos en el grupo y éste le entregó a Rossó Peña un teléfono satelital y un celular Blackberry legalmente equipado con un dispositivo de rastreo para monitorear la ubicación del ex oficial de la Marina, y el dominicano usó ambos aparatos para proteger los cargamentos de cocaína que enviaba al país una organización compuesta por Heriberto Almonte Reyes, dominicano, y por los colombianos Harvey Bermúdez Lasso y Gustavo Gallego Cordova.
Uno, identificado como Daniel A. González, era el que recibía y entregaba las drogas a nombre de Almonte Reyes. Otro personaje, una mujer llamada Amparo Balaguera Sarta era la agente de intercambio de dinero y despachante de los cargamentos de droga desde Colombia. Ella es socia directa de Bermúdez Lasso.
Expediente
La investigación, cuyos resultados están contenidos en el expediente que conoció el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para ordenar la extradición de Rossó Peña y Suárez Silfa a Puerto Rico, dice que en el 2007 y 2008 ambos “oficiales militares dominicanos utilizan su posición de influencia y acceso a inteligencia militar para ofrecer seguridad a los cargamentos de droga que entran y salen de la República Dominicana”.
Héctor Rodríguez, un piloto colombiano que residía en Dominicana, era socio directo de los dos ex oficiales dominicanos. Se le señala como “un experto en el lanzamiento de cargamentos de droga por aire”. Un hermano de Heriberto Almonte Reyes llamado Eduardo, residente en Colombia, negociaba los cargamentos con las organizaciones de narcotraficantes colombianos.
El informe indica que en octubre del 2007, de acuerdo con conversaciones legalmente interceptadas y grabadas, Bermúdez Lasso le presentó a Almonte Reyes a “un testigo confidencial” de la DEA y éste le informó que el dominicano “tenía grandes cantidades de dinero en Nueva York y en Puerto Rico procedentes del narcotráfico y necesitaba transferir dinero a Colombia, para que en el futuro le enviaran otros cargamentos de cocaína”.
Agentes encubiertos de la DEA recibieron un primer envío de dinero de Almonte Reyes por 62 mil dólares y lo transfirieron a Colombia, donde lo recibieron Amparo Balaguera Sarta y Gustavo Gallego Cordova. Ese dinero era un avance para cubrir parte de los costos del transporte de 1,500 kilogramos de cocaína por avión.
El agente encubierto ayudó a Almonte Reyes como intermediario.
Este último envió luego 40 mil dólares desde el país a varios destinatarios en Colombia.
La estratagema de la DEA
Cuando se preparaba el envío de 1,000 a 1,500 kilogramos de cocaína en marzo del 2008, lo más lejos que tenía Almonte Reyes y sus cómplices, los oficiales dominicanos, era que una laptop entregada por el agente de la DEA estaba siendo interceptada legalmente y todas las coordenadas del vuelo del avión que lanzaría la droga en San Pedro de Macorís ya eran conocidas por la DEA y la DNCD, que de inmediato prepararon un operativo de intercepción.
El hermano de Almonte Reyes, Eduardo, venía en el avión como “una garantía a los narcotraficantes de la seriedad de la transacción, y asegurarse que el que recibía las drogas no intentaría robarlas”, dice la investigación.
Cuando el avión estuvo a una hora de República Dominicana y la DEA planificaba interceptarlo, Almonte Reyes le contó al agente encubierto que se había comunicado con los oficiales dominicanos quienes, conociendo la solicitud oficial de intercepción del avión, le pasaron el dato al narcotraficante y éste, de inmediato, llamó a sus contactos en Colombia para que llamaran de vuelta al avión. Pero ya los oficiales dominicanos le habían dicho a la DEA que aquel era “un avión en vuelo militar oficialmente autorizado”. Al mes siguiente se programó el reenvío del cargamento.
Los agentes del CCSF se reunieron en el país con Almonte Reyes, Rossó Peña y Héctor Rodríguez, el piloto colombiano, y le dijeron a Rossó Peña que había un plan para lanzar cocaína desde un avión que luego recogería una lancha pequeña.
A Rossó Peña le dieron 30 mil dólares para la protección del cargamento.
Luego Rossó y Suárez confirmaron que recibieron un cargamento de 440 kilogramos de cocaína. Suárez dijo que “él personalmente había partici pado porque las drogas le pertenecían a un amigo suyo”.
En mayo volvieron a darle otros 30 mil dólares a Rossó Peña para proteger el cargamento ficticio que formaba parte del señuelo de la DEA para atrapar a la banda, utilizando un avión camuflado que formaba parte de la estrategia llamada “rastreo aéreo de interés”, que lanzaría la droga para que las lanchas dirigidas por Rossó Peña la recuperaran.
“Los militares de Estados Unidos notificaron a las autoridades dominicanas sobre la llegada del avión que había sido despachado como parte de la estratagema. Rossó Peña llamó al testigo confidencial para advertirle sobre la respuesta de las autoridades dominicanas al avión que se aproximaba. Rossó Peña le dijo al testigo confidencial que hiciera abortar la tentativa de contrabando de las drogas. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue hacia el lugar del lanzamiento que previamente había señalado Rossó Peña y los agentes a bordo del avión vieron un barco de la Marina dominicana cerca del lugar del lanzamiento. Rossó Peña previamente le había informado al testigo confidencial que él mandaría barcos de la Marina dominicana al área para proteger las lanchas que recogerían el supuesto cargamento de drogas”, añade el informe oficial.
HISTORIAL DELICTIVO DEL EX OFICIAL ROSSÓ
El ex teniente de navío Carlos E. Rossó Peña fue cancelado por la Marina de Guerra en agosto de 2008 por sus vínculos con el narcotráfico.
Entre otras posiciones, Rossó Peña estuvo en la División de Inteligencia Naval de la Marina (M-2), Batallón Policía Militar de la M de G., en la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las FFAA (J-2) así como en el patrullero de altura 2 Juan Alejandro Acosta. También fue vinculado a Harvey Bermúdez Lasso, un colombiano extraditado a Puerto Rico a principios de mes para ser juzgado por narcotráfico luego de su captura a cargo de oficiales de Migración y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Bermúdez fue detenido en el malecón de Santo Domingo, por donde el extranjero transitaba, y fue mantenido varios días en una celda de la cárcel preventiva de la DNCD.
