La eléctrica estadounidense AES, una de las mayores del mundo, ha sido acusada en un tribunal de EEUU de causar tremendos defectos de nacimiento, patologías pulmonares y otros graves problemas médicos en la República Dominicana con el vertido hace seis años de 50.000 toneladas de ceniza tóxica. "Representamos a varias familias que han tenido hijos con terribles heridas y que en algunos casos han muerto debido a la exposición a arsénico, mercurio, plomo y otros metales pesados a través de cenizas de carbón vertidas en una playa de la República Dominicana", informó hoy a Efe la abogada Diane Paolicelli, del despacho neoyorquino Levy Phillips & Konigsberg.
La demanda, interpuesta el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Delaware por once demandantes, acusa de ocho delitos a la eléctrica, que precisamente hoy presentó sus resultados del tercer trimestre del año y no atendió de forma inmediata las peticiones de información por parte de Efe a este respecto.
Entre esos delitos, se le acusa de violar los derechos humanos, cometer negligencia con resultado de muerte, estafar, realizar declaraciones falsas y actividades arriesgadas e inusualmente peligrosas y provocar daños emocionales intencionados.
Paolicelli explicó que AES, una de las 500 empresas más grandes del mundo según Fortune, tenía una planta en Puerto Rico donde quemaba carbón y las autoridades de la isla "le dijeron que no podía verter allí el residuo, que lleva varios metales pesados asociados a problemas médicos en el nacimiento y varios tipos de cáncer".
"Debían sacarlos de Puerto Rico, así que vieron sus opciones y, dado que es caro deshacerse de ellos, decidieron simplemente verterlo en la República Dominicana, en playas de Samaná y Manzanillo, sin protección alguna, con lo que la gente de la zona respiró esas cenizas venenosas", relató la letrada.
Para ilustrar la gravedad de los problemas médicos detectados, Paolicelli apuntó que, por ejemplo, representan a "un niño que nació sin brazos, a otro que nació con los intestinos fuera del cuerpo y a la madre de otro que desarrolló en el útero deformaciones craneales, que básicamente tenía dos cabezas".
"Si una pequeña aldea tiene todos estos problemas, deducimos que tienen que tener mucho que ver con los residuos vertidos ilegalmente (entre 2003 y 2004) y que aún siguen allí", añadió.
Lo que busca la defensa de los demandantes son compensaciones para los afectados, para que puedan tener acceso a diagnósticos y tratamientos de sus enfermedades, dice el texto de la demanda.
Paolicelli explicó que seguramente, "aunque no lo sabemos con certeza", parte de los residuos vertidos fueron retirados cuando la República Dominicana ganó un caso contra la compañía a la que reclamaba 80 millones de dólares por daños y perjuicios a la soberanía nacional y al medioambiente, economía, salud y bienestar de los pueblos afectados.
Finalmente en marzo de 2007, el país aceptó recibir 6 millones de dólares de la empresa -con 132 plantas generadoras y 25.000 empleados en 29 países- para la limpieza de las ceniza en los manglares de Manzanillo (en la localidad de Montecristi) y Samaná, ambas al noreste dominicano.
Con sede en Arlington (Virginia), AES ganó 185 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento interanual del 27,6%, mientras que en el conjunto de los nueve primeros meses del año acumuló un beneficio neto de 706 millones, un 44,8% menos que en el mismo periodo de 2008.
Según la documentación presentada ante los tribunales, a finales de 2003 y principios de 2004, la planta termoeléctrica que operaba AES en Guayama (Puerto Rico) depositó en Montecristi y Samaná unas 50.000 toneladas de residuos compuestos de arena, agua y cenizas compactados a altas temperaturas.
Paolicelli explicó a Efe que esta demanda trata de lograr compensaciones para los seres humanos afectados, ya que la presentada por las autoridades dominicanas en 2006 se refería a daños medioambientales.
Concretamente, el Gobierno dominicano atribuyó a los residuos de AES la destrucción de los manglares de Manzanillo, la muerte de centenares de palmeras en Samaná y la contaminación de unas aguas tropicales donde las ballenas jorobadas acuden cada año para aparearse.
"Después de que se vertieran las cenizas tóxicas y los residentes empezaran a quejarse, AES hizo reiteradas declaraciones falsas a los medios de comunicación y al público asegurando que los residuos depositados en la Bahía de Samaná frente a la playa no eran tóxicos ni nocivos para la vida o la salud y que incluso tenían aplicaciones beneficiosas", asegura la demanda.
